Gobierno de La Rioja

Agricultura destinará 120.000 euros al servicio de vigilancia obligatoria en los cotos de caza de la comunidad

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 120.000 euros para atender la convocatoria pública de subvenciones a la contratación del servicio de vigilancia obligatorio de los cotos de caza de La Rioja. Se trata de ayudas que están dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades, entidades privadas, y familias y entidades sin ánimo de lucro que podrán concurrir a la citada convocatoria, que aparecerá publicada próximamente en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Para acceder a esta línea de ayudas será indispensable que el coto disponga de plan técnico de caza aprobado y estar al corriente de pago de la matrícula anual de caza y del resto de tasas obligatorias en esta materia.

El servicio de vigilancia obligatoria está contemplado en el Decreto 17/2004, de 27 de febrero, que regula el Reglamento de Caza y en él se establece la obligatoriedad de que todos los terrenos cinegéticos tengan un servicio de vigilancia, que debe estar perfectamente identificado y uniformado. En las reservas de caza, cotos sociales y montes de utilidad pública, esta actuación es asumida por la Dirección General de Medio Natural, a través de la Guardería Forestal.

Por otro lado, el Boletín Oficial de La Rioja publica hoy la convocatoria pública para la concesión de ayudas que faciliten a los cotos riojanos la suscripción de seguros para hacer frente a las indemnizaciones por los daños ocasionados en accidentes de tráfico provocados por la fauna cinegética en terrenos de caza.

El Gobierno de La Rioja destinará 38.000 euros a financiar estas ayudas, cuyos beneficiarios podrán ser los titulares de los terrenos cinegéticos o los adjudicatarios de sus aprovechamientos. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto un mes a partir de hoy.

Los titulares de terrenos cinegéticos o los adjudicatarios de los mismos deben cumplir una serie de requisitos para optar a esta convocatoria, entre los que se encuentran tener aprobado y vigente el Plan Técnico de Caza y haber adoptado medidas para evitar daños causados por las especies cinegéticas previstas en dicho plan o, en su defecto, por las establecidas por la Consejería de Medio Ambiente.


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