Gobierno de La Rioja

Aprobado el convenio con el CGPJ y la FRM para dar una respuesta eficaz a las familias en situación de vulnerabilidad afectadas por un desahucio

Servicios Sociales actúa ante situaciones de exclusión social derivadas de ejecución hipotecaria de viviendas en propiedad y en alquiler

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy la prórroga del convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, el Consejo General del Poder Judicial, y la Federación Riojana de Municipios con el objetivo de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad social que están afectadas por desahucios de vivienda en propiedad o de alquiler.

Según ha detallado el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, el Gobierno de La Rioja facilita al Consejo General del Poder Judicial toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de servicios sociales y de vivienda, con el fin de que jueces y letrados estén correctamente informados. Además, el CGPJ se compromete a colaborar con el Gobierno de La Rioja para generar un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas a través de este convenio.

Cabe destacar, que el Ejecutivo riojano a través del IRVI dispone de un amplio parque de viviendas en alquiler dirigidas a los colectivos más vulnerables y a precios asequibles, así como del Programa de mediación en materia de ejecuciones hipotecarias.

Protocolo de actuación

El convenio define el protocolo de actuación para abordar de forma conjunta y coordinada acciones que den respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad. De este modo, se adoptarán las medidas de carácter informativo y formativo necesarias para que los afectados conozcan el contenido del Código de Buenas Prácticas Bancarias, así como del Programa Prioritario de Mediación Integral del Gobierno de La Rioja gestionado por el IRVI.

En el caso concreto de los afectados por desahucio de una vivienda en alquiler, se les informará además de los servicios y programas de servicios sociales de la administración local, y se les ofrecerá un documento informativo para acceder a la justicia gratuita.

Asimismo, cuando un juez o letrado detecte, durante un procedimiento de ejecución hipotecaria, una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social informará de forma inmediata a la Dirección General de Justicia e Interior, que lo trasladará a Servicios Sociales que una vez analizada la situación decidirá intervenir, pudiendo dar traslado a la Consejería de Fomento y Política Territorial si concurren los requisitos para su inclusión en los programas de vivienda social que gestiona, o declinar la misma. En cualquiera de los casos la decisión se comunicará al órgano judicial, que resolverá si procede decretar la suspensión del lanzamiento, siempre de conformidad con las leyes procesales.

Finalmente, para garantizar el correcto funcionamiento del convenio se creará una comisión de seguimiento que estará integrada por dos representantes del Gobierno de La Rioja, dos del Consejo General del Poder Judicial y uno de la Federación Riojana de Municipios.

Balance de actividad 2018

La Dirección General de Justicia e Interior Expedientes ha impulsado 31 expedientes  procedentes de diferentes juzgados: Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Logroño (8); Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Logroño (3); Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Logroño (2); Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Logroño (6); Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Logroño (1); Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Logroño (4); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Haro (3); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Haro (1); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calahorra (1) y Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Calahorra (2).

En lo que se refiere al tipo de procedimiento, el 90,4% de las derivaciones de los juzgados de primera instancia de La Rioja tienen su origen en juicios verbales de desahucio por impago de rentas, (28 expedientes); el 3,2% de las derivaciones tienen su origen en ejecuciones hipotecarias (un expediente) y el 6,4 % restante provienen de desahucios por precario con origen en ejecuciones de títulos judiciales u otras situaciones (2 expedientes).

En cuanto a la fase del procedimiento; el 62 % de los expedientes está en fase de lanzamiento y el 38 % de los expedientes en fase de sustanciación.

Otros datos de interés es que el 75% de los expedientes corresponden a ciudadanos de nacionalidad española; se han derivado al IRVI el 75 % de los expedientes y el 80 % de los expedientes son de situaciones de vulnerabilidad.


Asistentes

Municipios

Multimedia

La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, informan sobre los asuntos tratados por el Gobierno de La Rioja en su habitual reunión semanal en Consejo.

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