Gobierno de La Rioja

La Inspección de Trabajo en La Rioja convierte 880 contratos temporales en indefinidos gracias a sus actuaciones de control en 2018

La Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social programa nuevas actuaciones para seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales en La Rioja

La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, ha subrayado que la Inspección de Trabajo convirtió 880 contratos temporales en indefinidos en 2018, gracias a las actuaciones de control contra la contratación fraudulenta e irregular en las que va a seguir trabajando especialmente en 2019, con el objetivo “de mejorar las condiciones laborales en La Rioja”.

Estas son algunos de los resultados que se han presentado en la reunión de la Comisión Operativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se ha celebrado esta mañana y “que se enmarcan en una apuesta firme por preservar los derechos de los trabajadores y mejorar la calidad del empleo en la comunidad autónoma”, ha destacado González Menorca. La consejera ha presidido esta reunión en la que ha participado también, en representación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el director de la Oficina Nacional de la Lucha contra el Fraude, Juan Grangel Vicente.

Esta Comisión Operativa conjunta de la administración central y autonómica, es el órgano encargado de planificar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y refleja la colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Trabajo en este ámbito.

En 2019 se han programado un total de 5.266 actuaciones, un 26% más que el año anterior. El 45% corresponden a Salud Laboral y Relaciones Laborales (2.370), materias de competencia autonómica; y el 55% restante (2.896), a Seguridad Social, Economía Irregular y Trabajo de Extranjeros, áreas de competencia estatal.

Entre las actuaciones previstas de competencia autonómica destacan las de control de la contratación temporal, con las que se sigue apostando por la transformación en indefinidos de los contratos temporales sin causa justificada, y las acciones para evitar el fraude en la contratación. Estas últimas se enmarcan en el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado el 27 de julio de 2018, para actuar de manera prioritaria contra el fraude implantado tanto en la contratación temporal como en la contratación a tiempo parcial. En esta Comisión se ha acordado una programación de 356 actuaciones a realizar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja para evitar el fraude en la contratación, lo que supone un 52% más que en 2018.

Por otro lado, la Comisión también ha planificado 178 actuaciones para controlar que el tiempo de trabajo efectivo sea ajustado a lo declarado por las empresas, evitando la realización de jornadas de trabajo superiores a las reflejadas en los contratos de trabajo, fundamentalmente en los contratos a tiempo parcial.

También se actuará para seguir avanzando en la igualdad efectiva en las condiciones laborales de mujeres y hombres, con el objetivo de evitar cualquier situación de precarización laboral como la discriminación salarial por razón de género, así como para evitar la discriminación laboral de los trabajadores inmigrantes. En este sentido, se han programado actuaciones específicas para controlar que las condiciones de trabajo, sobre todo salario y jornada, seguridad y salud laboral de los trabajadores inmigrantes sean las mismas que las de los trabajadores nacionales.

Otras actuaciones programadas dentro de las materias de ámbito autonómico son todas las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, como el control de las condiciones de seguridad en la construcción, las de gestión de la prevención  en las empresas y las de investigación de accidentes laborales, así como las de comprobación de la actividad y control de las sociedades cooperativas y los Centros Especiales de Empleo.

En lo referente a los resultados hay que destacar que de las más de 4.100 actuaciones de la Inspección de Trabajo en La Rioja en 2108 se impusieron 869 infracciones por un total de 3,2 millones de euros, además de 1.366 requerimientos.

Del total de las infracciones, 153 estaban relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo; 156 con el ámbito de las relaciones laborales; 522 con la Seguridad Social; 20 con Extranjería y 15 por obstrucción a la labor inspectora.


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