Gobierno de La Rioja

La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito del Gobierno de La Rioja atendió en 2020 a cerca de un millar de personas

La OAVD es además el punto de coordinación de las órdenes de protección y la ventanilla única para las víctimas de La Rioja

  • 10/05/2021 12:00
  • Gobierno de La Rioja
  • Unidad de medios
  • Actualizado: Hace 2 meses

El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, y el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel, han visitado este lunes la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, acompañados por la responsable dicha oficina, Bárbara Romo.

La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito es un servicio público y gratuito dependiente de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública cuyo objetivo es ofrecer una respuesta integral a las necesidades de las víctimas de cualquier delito. A lo largo del año pasado, 921 personas accedieron por primera vez a este servicio de los que 649 fueron casos de violencia doméstica o de género. Además, la OAVD es el punto de coordinación de las órdenes de protección de La Rioja y es la ventanilla única para las víctimas en La Rioja.

En este sentido el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha aseverado que “la atención y protección a las víctimas de delitos debe ser, a juicio del Gobierno de La Rioja, la prioridad de las actuaciones de los poderes públicos. La víctima y la reparación del daño causado, su atención social, jurídica y psicológica, especialmente en la violencia de género, deben ser el centro del proceso penal desde la perspectiva del Gobierno de La Rioja en su gestión de los medios de la Administración de Justicia”.

Además, Rubio ha recordado que “el Gobierno de La Rioja está desarrollando medidas de atención a las víctimas de terrorismo, y dentro de estas medidas, está previsto que la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito tenga un papel central”.

En cuanto al número de personas atendidas a lo largo de 2020, (923), la mayoría de las mismas (764) han sido mujeres de entre 25 y 39 años, seguidas de mujeres de entre 40-54 años. El resto de las personas atendidas eran hombres (157), la mayoría de edad desconocida seguida por los de la franja de edad entre 25 y 39 años.

En La Rioja hay una oficina por partido judicial en Logroño, Haro y Calahorra y este servicio del Gobierno de La Rioja es el principal referente en la atención e intervención de las víctimas de cualquier tipo de delito, con especial atención a los casos de violencia doméstica o de género. De hecho, los usuarios valoran la atención y el servicio recibido en estas oficinas con un sobresaliente (9,31 sobre 10).

Servicios de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito

Por su parte el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel, ha apuntado que “la Oficina es mucho más porque no solo interviene en procedimientos judiciales ya que también hay víctimas que no tienen judicializado el conflicto y a las que también se les presta atención psicológica, jurídica o una inserción laboral, entre otros servicios”.

Las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito prestan terapias grupales de intervención con víctimas y, durante el pasado año, se llevaron a cabo dos grupos de terapia para víctimas de violencia conyugal en los que participaron 21 usuarias, todas ellas víctimas de violencia de género de las oficinas de Haro, Logroño y Calahorra.

Asimismo, este servicio de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública cuenta con un programa de inserción laboral para facilitar a las víctimas de violencia de género, doméstica e intrafamiliar su incorporación al mercado laboral. Ahora mismo, 47 empresas participan en este proyecto y, durante el 2020, el número de personas con intervención derivada al Programa de Inserción Laboral fue de 71. En total, el número de mujeres ocupadas pertenecientes al programa de inserción laboral es de 19, cinco de ellas de forma indefinida.

De igual forma, desde estas Oficinas también se facilita una intervención integral a las mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual a través de un programa de violencia sexual. Durante el 2020 se registraron 53 casos; 34 en Logroño, 15 en Calahorra y 4 en Haro.

La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito ofrecen una atención integral a las víctimas y también a menores. La responsable de la Oficina, Bárbara Romo ha destacado el denominado ‘Relaciones positivas’, “que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación para potenciar la igualdad y prevenir la violencia de género entre los jóvenes, un campo de actuación importante porque estamos viendo que las cifras entre este colectivo van en aumento”.

Otros recursos del Gobierno de La Rioja de atención a las víctimas

Al margen de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, el Ejecutivo regional cuenta con otros servicios de atención a las víctimas de violencia de género como el Teléfono de Información a la Mujer 900 71 10 10 que está operativo durante las 24 horas del día y, a través de esta vía, las mujeres pueden acceder a información sobre temas relacionados con la violencia de género. Además, ante situaciones de urgencia, las víctimas de violencia también tienen a su disposición el teléfono 112 durante las 24 horas del día, que activan todos los recursos para su atención psicosocial de urgencia y en su caso la Red de Alojamiento de Mujeres. 

De igual forma, el Gobierno de La Rioja cuenta con el Centro Asesor de la Mujer ofrece atención psicológica, orientación y apoyo psicológico, pero también facilita una atención social sobre los recursos específicos para este colectivo y la Red de alojamiento del Gobierno de La Rioja.

En colaboración con el Ejecutivo central, La Rioja cuenta además con la aplicación AlertCops, que facilita un acceso directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 016, un teléfono gratuito y que no deja rastro alguno.

Además, y desde el pasado mes de noviembre, La Rioja dio un paso más en la lucha contra la violencia de género y en la protección de las víctimas porque ya cuenta con un protocolo para la acreditación de situaciones de violencia de género mediante informes de servicios sociales para poder acceder a derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social regulados en la legislación vigente y que, a pesar del transcurso del tiempo (la normativa es de 2018), no se encontraba establecida en la Comunidad Autónoma.

 

 

 

 

 



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