Gobierno de La Rioja

La Rioja coordina la posición común de las Comunidades Autónomas sobre la Nueva Agenda Europea de Consumidores

Se trata de avanzar hacia una política de consumidores más resiliente y adaptada a un entorno digital 

  • 25/02/2021 12:00
  • Gobierno de La Rioja
  • Unidad de medios
  • Actualizado: Hace 7 meses

El Gobierno de La Rioja ha coordinado la elaboración de la posición común autonómica sobre la Nueva Agenda Europea de Consumidores, Agenda que se presenta en el Consejo de la Unión Europea de Competitividad que se celebra hoy. Esta posición común se realiza en el marco de la coordinación autonómica del Consejo de la UE de Consumo que ejerce La Rioja este semestre. La elaboración del documento la ha llevado a cabo la consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, con el apoyo de la Dirección General de Fondos Europeos y Oficina en Bruselas.

El documento se centra en la Nueva Agenda Europea de Consumidores presentada el pasado 13 de noviembre y en las conclusiones que el Consejo ha elaborado a partir de ese texto. La Nueva Agenda propone una serie de acciones en cinco ámbitos prioritarios: transición ecológica, transformación digital, respeto de los derechos de los consumidores, necesidades de determinados grupos de consumidores y cooperación internacional.

En esa posición común, las Comunidades Autónomas valoran las actuaciones propuestas para conseguir los objetivos ligados a las necesidades inmediatas de los consumidores, así como la visión de la Comisión Europea de la política europea de consumidores de 2020 a 2025.

El documento impulsado por La Rioja señala que será conveniente revisar las normas y dejar establecidas con carácter previo las consecuencias de circunstancias excepcionales que puedan afectar a los contratos. También indica que será necesario actuar en el sector de los seguros y en el crediticio, con el fin de evitar prácticas que provocan el endeudamiento de los consumidores.

La posición común propone igualmente una serie de medidas para proteger a los consumidores en el comercio digital y en los sectores que ofrecen servicios básicos como los sanitarios o educativos.

Por último, las Comunidades Autónomas destacan la necesidad de contar con más personal destinado a la vigilancia de los mercados y de crear una red de laboratorios para detectar posibles fraudes.



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